La Igualdad sólo se garantiza con un Estado completamente laico, donde las creencias religiosas de las personas no impliquen privilegios. Cynthia Hotton, la diputada evangelista, intenta que se apruebe una ley que daría a las religiones aún más peso dentro del Estado. Pretende que las escuelas religiosas puedan esquivar la enseñanza de temas hoy obligatorios (como la educación sexual y de la diversidad), que una institución religiosa pueda despedir a un empleado por no ajustarse a sus mandatos (violando leyes laborales y antidiscriminación vigentes), y sienta las bases para que aún más religiones reciban subsidios y beneficios (pagados con dinero del Estado; es decir, de todos nosotros). ¡Exigí a los legisladores que rechacen este proyecto HOY MISMO!
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Me opongo al proyecto de Privilegios Religiosos de la diputada Hotton. Solicito a usted que haga lo mismo.
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Estimado/a legislador/a:
Le escribo pra manifestarle mi profunda preocupación por el proyecto denominado de "libertades religiosas", presentaado por la diputada Hotton, que fuera aprobado en dos comisiones sin mediar un debate en la sociedad al respecto, (y aparentemente sin respetarse tampoco el reglamento legislativo).
Quisiera mencionar algunos de los puntos que considero más objetables de dicho proyecto:
- Propone un "Consejo" que funciona en el ámbito de la Sec. de Culto, integrado por 12 ministros religiosos (elegidos en forma discrecional), y que estaría habilitado para decidir quién recibe beneficios y quién no. En vez de igualar a todas las creencias en un mismo nivel, esto permitiría la existencia de cultos "de primera" y "de segunda categoría". Representa, además, el avance de las religiones sobre el estado de derecho. (Cap. 3º)
- La figura imprecisa de los "otros beneficios" y los "acuerdos de cooperación" abre la puerta al financiamiento de otras religiones (Art. 15, Inc. 3; Art. 19; Art. 22, Inc. 3; Art. 37). Mientras que la sociedad plantea la necesidad de no sostener obligatoriamente con sus impuestos a la Iglesia Católica, este proyecto de ley sugiere que un Consejo (sin elección democrática por parte de la ciudadanía) podría negociar subsidios incluso a más cultos e instituciones religiosas.
- Aunque se titula el proyecto como de "Libertades religiosas", en ningún momento se menciona el derecho de ateos, agnósticos, y creyentes aconfesionales de NO financiar con sus impuestos a ninguna religión, ni liberar el espacio público de imágenes religiosas. Básicamente, aumenta la injerencia de las religiones sobre el Estado, crea nuevos cuerpos regulatorios, reafirma los subsidios y privilegios a la Iglesia Católica y sienta las bases para que se expandan los mismos a otras religiones.
Si bien la diputada Hotton presenta su proyecto como uno de amplio consenso social -y especialmente dentro de las comunidades religiosas- la realidad es que incluso muchas iglesias evangélicas consideran "peligroso" y negativo este proyecto:
- lo ven como "intervencionista", "restrictivo" y "reaccionario", que busca lograr privilegios para algunos (los más conservadores) e impedir el acceso a otros (los más progresistas).
- Existe preocupación en diversas iglesias por los acuerdos de cooperación con entidades de segundo y tercer grado que agrupen a otras iglesias (Art. 19; Art. 22, Inc. 3), ya que muchas de ellas no responden a estas estructuras y las excluiría de la obtención de beneficios.
- El proyecto hace una enumeración restrictiva y por la negativa de qué tipo de entidades no podrán ser consideradas iglesias ni comunidades religiosas (Art. 6). Una vez más quedan al descubierto las verdaderas intenciones de este proyecto de "libertad religiosa". No propone que cada ciudadano pueda elegir a qué iglesia financiar con sus impuestos (o a ninguna), otorga privilegios a algunas iglesias y se los niega a otras.
- Varios representantes eclesiásticos tampoco aprueban la creación de un registro de religiones con un detalle de organización, prácticas y dogmas(Arts. 8 y 9), sino que muchas abogan por la eliminación de todo tipo de registros.
- Mucha iglesias promueven la no injerencia y no financiación del Estado a la religión, en línea con el pensamiento laicista que predomina en la sociedad en nuestro tiempo. Existen proyectos alternativos, y otros que simplemente exigen la derogación de la actual Ley de Cultos, que es un decreto-ley de la dictadura. Es evidente que se intenta hacer pasar este proyecto de ley por debajo
del radar de los medios y la opinión pública, dado que se sabe que actualmente la ciudadanía se inclina más por derogar la Ley de Cultos que por ampliar los privilegios a más religiones.
Hay, por último, algunos aspectos puntuales que son preocupantes más allá de las miradas laicista y religiosa (que no necesariamente se contraponen, claro):
- Habilita a "impartir y elegir para sí, o para los menores (...) la educación religiosa, moral y ética conforme a sus propias convicciones" (Art. 2, inc. 13). Esto, según la propia autora, habilitaría a las escuelas religiosas a decidir qué enseñar según sus "convicciones". Entraría en conflicto con leyes vigentes, como la de educación sexual integral, y pretende ignorar el hecho de que los colegios privados son, en realidad, escuelas públicas de gestión privada, y por lo tanto están completamente sujetos a la enseñanza oficial. Aprobar esta ley equivaldría a permitir que cada colegio enseñe lo que esté "acorde a sus convicciones", incluyendo conceptos discriminatorios u homofóbicos, reivindicaciones a la dictadura militar, o la completa supresión de la currícula de educación sexual.
- La reafirmación, literal, de todos los privilegios de la iglesia católica y el reconocimiento absurdo de que eso no puede entenderse como trato desigual (art. 7 inc. 2) es gravísima y tiene interés incluso desde algo tan "banal" como es el tema de la financiación.
- El artículo 4 propone: "Queda a salvo el derecho de las instituciones o entidades confesionales de requerir a sus miembros o empleados que ajusten su conducta a su doctrina, a los principios religiosos o morales de la institución y de hacer un uso razonable del derecho de admisión". Nuevamente se evidencia la intención de crear una ley que permita a las religiones vivir en un Estado de privilegio, donde las leyes nacionales no les competan. Este artículo implica que una institución religiosa podría, por caso, despedir a un jardinero o una empleada de limpieza con "causa justa" por tener relaciones prematrimoniales, ser homosexual o faltar al templo un domingo. La situación de cualquier empleado en la República Argentina sólo puede regirse por la legislación laboral vigente, y cualquier excepción implicaría lisa y llanamente una violación de los derechos de los trabajadores, y un caso de discriminación.
- Los artículos 29 a 32 pretenden penas superiores para casos de discriminación relacionados con la cuestión religiosa. Nuevamente, la diputada Hotton intenta que se apruebe una ley que privilegia a las religiones por sobre todos los demás aspectos de la vida cívica. En vez de apoyar el proyecto de ley de penalización de actos discriminatorios, que espera sanción del Senado, y que regula con una misma ley todo acto de esta índole, este proyecto (firmado por quien buscó por todos los medios que la ley argentina discriminara a las parejas y familias no acordes a sus creencias religiosas) pretende legislar la discriminación religiosa en forma independiente y privilegiada.
- En particular, el agravante para el delito de "Turbación de reuniones lícitas" (Art. 29) asusta. Es fácil recordar una marcha contra el matrimonio igualitario, donde líderes religiosos expresaron las peores barbaridades (algo que incluso hoy sigue sin ser penalizado). Según este proyecto de ley, si una persona, insultada por estos comentarios, interviniese para debatir, ¡acto seguido se le abriría una causa penal con una pena prevista de 2 a 6 años!
- Algunas de las funciones del Consejo Asesor se superponen con las del INADI (Art. 22): es curioso que se pretenda tratar la cuestión de la discriminación y la desigualdad religiosa con una ley especial, y desde un consejo asesor dominado por las religiones más conservadoras, en vez de someter la totalidad de los casos al mismo organismo nacional, que representa a todos los argentinos ante cualquier caso de discriminación.
Por todas las razones expuestas más arriba quisiera expresar mi enfático y completo rechazo a este proyecto de ley, y solicito a Usted que, como mi representante en el Congreso, también decline apoyar el mismo. Creo que debemos rechazar cualquier intento de aumentar la presencia de las religiones en el Estado o de ampliar el financiamiento compulsivo que actualmente es impuesto a los ciudadanos. En todo caso, son estos puntos los que deberían debatirse social y públicamente, si se quisiera sinceramente avanzar hacia una "libertad religiosa" y cumplir con el compromiso de un Estado laico.
Atentamente,
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